El reciente nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto presidencial ha generado una intensa discusión en el ámbito político y jurídico de Argentina. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei el 25 de febrero de 2025, designa a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos magistrados del máximo tribunal sin la aprobación del Senado, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre su legalidad y posibles consecuencias institucionales.

Manuel García-Mansilla / Ariel Lijo

Fundamentos y contexto de la decisión

La Constitución Nacional permite que el Poder Ejecutivo realice nombramientos “en comisión” durante el receso del Senado para cubrir vacantes judiciales. Sin embargo, esta facultad ha sido históricamente objeto de interpretaciones restrictivas, especialmente en lo que respecta a la Corte Suprema. En este caso, el argumento del Gobierno es que la Corte no puede operar con normalidad con solo tres jueces activos tras la jubilación de dos de sus miembros.

Frente a la falta de consenso en el Senado para aprobar a los candidatos propuestos, la administración de Milei optó por utilizar este mecanismo excepcional con el objetivo de evitar un estancamiento en el funcionamiento del máximo tribunal.

Reacciones y posturas encontradas

El anuncio de estos nombramientos ha generado un amplio espectro de reacciones. Sectores de la oposición y organismos de derechos humanos han manifestado su rechazo, señalando que la medida podría afectar la independencia del Poder Judicial y vulnerar el principio de equilibrio entre los poderes del Estado.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre el riesgo de que esta decisión siente un precedente peligroso, mientras que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó preocupación por su impacto en la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.

Desde el ámbito académico, constitucionalistas han advertido que la aplicación del mecanismo de nombramiento en comisión para la Corte Suprema podría interpretarse como una extralimitación de facultades presidenciales. El profesor de Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez sostuvo que la medida presenta serias objeciones en términos de validez constitucional.

Perfil de los magistrados designados

Los jueces seleccionados presentan trayectorias diversas y han sido objeto de distintas valoraciones:

• Ariel Lijo: juez federal con una carrera marcada por causas de alto impacto y cuestionamientos sobre su desempeño. Su nombramiento ha sido uno de los más controvertidos debido a diversas denuncias en su contra por presunto abuso de poder.
• Manuel García-Mansilla: académico y especialista en Derecho, reconocido por sus posturas conservadoras. Aunque su perfil genera menos resistencia que el de Lijo, su designación también ha sido objeto de debate.

Escenarios futuros y posibles implicancias

De acuerdo con el marco legal vigente, estos nombramientos tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre de 2025, salvo que el Senado ratifique a los jueces con una mayoría de dos tercios, algo que parece poco probable en el actual escenario político. La controversia en torno a esta decisión podría derivar en recursos judiciales y debates parlamentarios, poniendo a prueba la estabilidad institucional y la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El uso del decreto para cubrir vacantes en la Corte Suprema representa un episodio que podría tener repercusiones más allá del corto plazo, configurando un nuevo eje de tensión en el sistema democrático argentino.