El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno a celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). La norma, publicada en el Boletín Oficial este martes, busca agilizar la aprobación del entendimiento y evitar la carga de vencimientos que enfrenta el Tesoro Nacional en los próximos años.

Según el Decreto 179/2025, la medida responde a la necesidad de solucionar el deterioro del balance del Banco Central (BCRA) y avanzar en la flexibilización del mercado cambiario, lo que facilitaría inversiones a largo plazo y mejoraría la eficiencia económica. Además, el Ministerio de Economía estará a cargo de la firma de los instrumentos necesarios para implementar el acuerdo, mientras que el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.

Detalles del acuerdo

El acuerdo con el FMI tendrá un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y estará destinado exclusivamente a la cancelación de deudas preexistentes. Entre las obligaciones a cancelar, se priorizarán:

• Letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, comenzando por la emitida el 2 de junio de 2015 con vencimiento el 1 de junio de 2025, y continuando en orden cronológico.
• Obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.
• Letras intransferibles que venzan en 2025 y no sean canceladas en el proceso mencionado anteriormente, las cuales se regirán por el artículo 9° del Decreto N° 1104/24.

Si bien el decreto no menciona el monto exacto del acuerdo, las estimaciones previas apuntaban a un desembolso de aproximadamente 20.000 millones de dólares.

Un contexto económico desafiante

El decreto subraya que, al asumir el Gobierno en diciembre de 2023, la economía argentina se encontraba en una situación crítica. Las reservas internacionales netas del BCRA mostraban un saldo negativo de 11.200 millones de dólares, la inflación interanual alcanzaba el 211,4 %, y los índices de pobreza e indigencia se ubicaban en el 54,8 % y el 18,1 %, respectivamente. Además, la brecha cambiaria superaba el 180 %, marcando un récord histórico que reflejaba la distorsión en los precios relativos.

Frente a este escenario, el Gobierno implementó un plan de estabilización basado en un fuerte ajuste fiscal, la corrección del tipo de cambio oficial y la eliminación progresiva de los controles de capitales. Como resultado, la inflación mensual se redujo al 2,7 % en diciembre de 2024 y las reservas internacionales netas aumentaron en 7.034 millones de dólares hasta el 6 de marzo de 2025.

Sin embargo, el decreto enfatiza que “la reconstrucción de la República Argentina exige adoptar, de manera sostenida, medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía”.

Fundamentos legales y controversias

El decreto realiza una argumentación legal contra la Ley Guzmán (27.612), que exige la aprobación del Congreso para operaciones de crédito con el FMI. No obstante, el Gobierno sostiene que la gravedad de la situación económica justifica la emisión de un DNU sin esperar el proceso legislativo ordinario. En este sentido, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala la utilización de estos decretos en casos de “grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico”.

El DNU establece que el Poder Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de suscribir los instrumentos necesarios para cumplir con lo estipulado en el acuerdo, pudiendo delegar estas funciones en el Ministerio de Economía o en la autoridad que se determine oportunamente.

Impacto en los mercados financieros

La reacción de los mercados fue mixta tras la publicación del decreto. Los bonos argentinos registraron una leve caída del 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país se ubicó en 720 puntos básicos. Por otro lado, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires subió un 1%, a contramano de la tendencia bajista en Wall Street, afectada por nuevas medidas arancelarias en Estados Unidos.

Los analistas siguen con atención los próximos pasos del Gobierno, en particular los detalles del desembolso y la implementación de una flexibilización gradual del mercado cambiario. La estabilidad financiera en los próximos meses dependerá en gran medida de la claridad que el Ejecutivo brinde sobre la ejecución del acuerdo con el FMI.

Reacciones políticas y expectativas

El anuncio del decreto generó reacciones inmediatas en el ámbito político. Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso clave para estabilizar la economía y recuperar el acceso a los mercados internacionales, la oposición cuestiona la utilización de un DNU para aprobar el acuerdo sin debate legislativo.

“Este acuerdo es fundamental para consolidar la reducción de la inflación y la pobreza, dos de los principales objetivos de nuestra gestión”, aseguró un alto funcionario del Ministerio de Economía. Por otro lado, un legislador opositor afirmó que “el Congreso tiene la facultad de aprobar operaciones de crédito público, y es importante que se respete ese mecanismo”.

Sin embargo, el decreto se respalda en la interpretación que el propio Congreso realizó en 2022, cuando sostuvo que “la competencia que corresponde al H. Congreso de la Nación no es la de aprobar los términos y condiciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”.

Con la publicación del decreto y la confirmación de los lineamientos del acuerdo, el Gobierno apuesta a despejar incertidumbres y fortalecer su programa de estabilización económica en los próximos meses.